La responsabilidad de legislar y la Resolución 48 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas : El Caso del Congreso Peruano

Juan Francisco Arana Chalco

Abogado Responsable del Área de Derecho Público

Con la Resolución aprobada en octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones, reconoce el acceso a un medio ambiente saludable y sostenible como un derecho universal.

La Resolución 48 declara como derecho humano acceder a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, garantiza su cumplimiento como derecho humano y promueve el trabajo conjunto de todos los Estados y otros actores, para su implementación.

Esta resolución viene fundamentada en diversos instrumentos internacionales suscritos por los estados, que contienen principios y derechos ya reconocidos por nuestros ordenamientos constitucionales, por ello su implementación es posible desde el Parlamento a través de reformas constitucionales y/o implementarlo desde nuevas leyes de implementación constitucional que comprendan la protección para el futuro y generaciones de no humanos.

El Congreso Peruano a través de sus miembros, los congresistas de la república, tienen un triple función, legislar, representar y  la función de control, siendo la última de ellas que permiten fiscalizar las funciones del gobierno o Poder Ejecutivo, ello puede concretizarse a través de la protección del medio ambiente con programas, proyectos y acciones, que en su implementación cumplen los fines y principios de la Resolución 48, concordado con el ordenamiento constitucional correspondiente.

La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del estado, garantiza la vida de las personas, así refiere la Constitución Política del Perú, dichos resultados constituyen elementos para futuras reformas legislativas que ampliaran el ámbito de protección de los sistemas naturales, la protección de las poblaciones vulnerables, la preservación de los recursos naturales para las futuras generaciones, estos principios inspiran a los ciudadanos, académicos y juristas, que en sus diversos ámbitos de accion, construirán un derecho del mañana, un derecho que proteja la vida el futuro y generaciones no humanos, que permitan coexistir en un hábitat saludable y cuidando las reservas de biosfera, recursos humanos y no humanos, para convivir en una simbiosis, que permitirá preservar, optimizar y hacer uso de los recursos con responsabilidad y sabiduría pensando en los que vendrán en el mañana, o también llamada futuras generaciones humanas y no humanas.

En el orden Internacional existen diversas realidades en cuanto al tratamiento constitucional de los derechos de las personas a un ambiente sano, frente a otras normas de orden constitucional que establecen el deber de proteger el medio ambiente y otras constituciones que contienen ambas prerrogativas, deberes y derechos. Es asi que emerge el Derecho administrativo global, además de la fuerza de los convenios internacionales y la plena ejecución de las resoluciones de las Naciones Unidas como es el caso de la Resolución 48, aprobada con los Derechos Humanos.

Es allí la relación entre el derecho constitucional, el derecho internacional y el derecho público, demostrando que las diversas especialidades del derecho son igualmente obligatorias y aplicables a nivel interno e instrumentos jurídicos necesarios para el desarrollo de la implementación de la referida Resolución 48.

Todo ello refiere los fundamentos de la Resolución 48, respecto al reconocimiento de parte de más de 155 estados el derecho a un medio ambiente en acuerdos internacionales o en sus constituciones, leyes o políticas nacionales, entre otros instrumentos.

Las Constituciones promueven los derechos fundamentales, sustentado en la Convención Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y sucesivamente instrumentos internacionales, acuerdos y convenios, que los estados vienen suscribiendo.

Es así que la Resolución 48 establece 3 líneas de acción:

  1. Reconoce el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de los derechos humanos;
  2. Observa que el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos que son conformes al derecho internacional vigente;
  3. Alienta a los Estados al cumplimiento, en las dimensiones de obligaciones de hacer, es decir hacer cumplir la ley de parte de los multiactores, con sus respectivos mandatos, teniendo como premisa de observación los objetivos del desarrollo sostenible, tomando en consideración su carácter integrado y multisectorial

Siendo el Congreso, un símbolo de la democracia y la máxima expresión del ejercicio del poder constituyente, como resultado de la democracia directa por los electores, la triple función que ejercitan como es la de legislar, representar y control político, como es el caso de la República del Perú, dentro de una forma de gobierno de línea semi – presidencial, donde los pesos y contrapesos hacen que el ejercicio del poder se regente a través de poderes como el legislativo (Parlamento), ejecutivo (gobierno) y judicial.

Siendo nuestro texto constitucional

Donde se constituye en un desafío implementar y legislar con responsabilidad para implementar la Resolución 48.

Para lo cual: La Constitución Política del Perú, refiere dentro de los principios:

  • Constitución Política del Perú, Articulo 1; Numerales 1 y 22 del Articulo 2, y artículos 7 y

Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

Artículo 2°

  1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.
  2. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Artículo 7. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

Artículo 9. El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.

Literalmente no se ha otorgado un reconocimiento como sujeto de derecho a la naturaleza,  por lo cual, para incorporar este principio corresponde efectuar una reforma a la Constitución Política del Perú.

Sin embargo, la tendencia es incorporar reformas que preserven los recursos, siendo que para el Perú es un gran desafío que ha tenido importantes avances, pese a no tener existir el reconocimiento a la naturaleza dentro de la Constitución Política del Perú.

En materia de preservación de recursos, se ha operacionalizado el funcionamiento de Instituciones como el Ministerio del Ambiente (MINAM), y sus organismos adscritos:

  • Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP.
  • Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI.
  • Instituto Geofísico del Perú – IGP.
  • Organismode Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.
  • Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP.

Así como establecido en la normatividad penal, administrativa, civil, aspectos relevantes como delitos ambientes, responsabilidades administrativas y responsabilidad civil

Existe mucho por hacer en el ámbito de la política nacional de salud, en el sistema de salud peruano, no se ha adecuado a las recomendaciones internacionales establecidos en la Organización Mundial de la Salud, para el tratamiento clínico de las exposición al plomo, recordemos que el Perú es un país eminentemente minero, es decir existen, importantes proyectos mineros, metalúrgicos que extraen recursos y ello tiene impacto en el medio ambiente y la salud de las personas.

Siendo que la recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el tratamiento clínico de la exposición al plomo, señala “en caso de una persona con una concentración de plomo en la sangre > 5 ug/dl, se deben identificar las fuentes de exposición al plomo y tomar las medidas adecuadas para reducir y acabar la exposición.

Por ejemplo, en caso de poblaciones cercanas a explotaciones mineras, se ven impactadas por exposición en metales pesados, como plomo, cadmio, arsénico y otros.

Cuando la autoridad rectora en materia de la salud, el Ministerio de Salud Peruano, ha establecido una Guía Técnica: Guía de Practica Clínica para el manejo de pacientes con intoxicación de Plomo, para el caso de la concentración de plomo en la sangre  > para niños y gestantes. (1,2,3,4), es evidente que no se ha tomado en cuanto las recomendaciones de la OMS.

Por lo cual ante esta problemática, corresponde al Congreso Peruano intervenir, como parte de su función de control como es el caso de la Comisión Multipartidaria Investigadora de la Atención de los Niños y las Familias afectadas con el exceso de plomo, arsénico, mercurio y demás metales tóxicos en la sangre, en las zonas mineras de Pasco y del Perú, que tiene como objetivo investigar el cumplimiento

de los compromisos y responsabilidades por parte del Poder Ejecutivo y de las empresas privadas, en relación a la atención de la salud de los afectados por las consecuencias de la actividad minera y metalúrgica. Comisión originada inicialmente por un periodo de 180 días, el 29 de setiembre de 2021, la misma que ha sido ampliada por el periodo legislativo 2022-2023, de cuyos resultados de investigación se obtendrán conclusiones y recomendaciones.

En el ámbito legislativo, se archivaron el proyecto de ley 6957/2020-CR que buscaba otorgar titularidad de derechos a la madre naturaleza, siendo abiertamente contraria a la Constitución Política del Perú, en razón que en el texto constitucional no incorpora componentes que puedan hacer viable a nivel legal el otorgamiento de condición de sujeto de derecho a la madre naturaleza.

Considerando que en su contenido no tiene dicho reconocimiento de titularidad de sujeto de derecho a la Madre Naturaleza, por lo cual no fue posible el otorgamiento de personería jurídica a la madre naturaleza, es decir a los recursos naturales del medio ambiente, pese a tener el Perú suscrito acuerdos internacionales que protege abiertamente dichos recursos.

Los tribunales de justicia, con los precedentes jurisprudenciales pueden hacer reconocimiento de derecho y otorgar plena ejecución a partir de sus fallos, siempre que la Constitución Política del Perú, lo incorpore en su texto constitucional, por ello exige que exista una reforma constitucional que incorpore a la naturaleza ser sujeto de derecho.

También esto va más allá de los Estados Nacionales, porque puede existir contaminación que trascienda las propias fronteras, una actividad que genera impactos en el ambiente y la salud de las personas es la minería, donde el efectuar dichas actividades extractivas y procesamiento, en el ámbito del proceso minero metalúrgico, genera residuos, relaves, pasivos ambientales y que al tener contacto con las cuencas hidrográficas, se conectan con afluentes, discurriendo dicha contaminación a las poblaciones circundantes a las cuencas hidrográficas, cultivos agrícolas, ganadería, actividades humanas que finalmente genera la contaminación de plomo en sangre, cadmio, arsénico y otros metales tóxicos. Siendo el caso que existe una problemática en la zona norte del Perú, que tiene limites con Ecuador, como es el caso de la cuenca de los ríos Mira y Mataje, que nacen en los Andes ecuatorianos, es víctima de la minería ilegal descontrolada y cuyos efectos de contaminación se sufre en la zona norte del Perú, especifica en la zona denominada Puyango Tumbes, por lo cual es evidente, que por mas protección jurídica que exista, se constituye en un desafío para el congreso peruano, el poder tratar esta problemática, siendo que a pesar que en la República del Ecuador pueda existir la protección a la madre naturaleza a nivel constitucional, estando el Perú conectado

hidrográficamente con Ecuador, es perjudicado por la contaminación, existiendo también una afectación transfronteriza, por lo cual corresponde a los parlamentos, efectuar no solo el otorgamiento de leyes, sino que fortalecer sus prerrogativas de control político y/o fiscalización,  es decir hacer cumplir la ley y la Constitución implementando dentro del ordenamiento jurídico nacional peruano, las leyes que implementan la Resolución 48.

Finalmente es clara la reflexión, Hay tanto por hacer para cambiar nuestros ordenamientos y ello va de la mano por hacer reformas constitucionales para preservar la naturaleza para las futuras generaciones humanas y no human as, sino que ello debe ir de la mano del control político o fiscalización del parlamento de las responsabilidades y obligaciones del gobierno, las empresas, la sociedad y todos los actores que intervienen.

Asimismo, la importancia de construir el derecho interno, a partir de jurisprudencia en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito legislativo generación de proyectos de ley y futuras leyes que en su desarrollo constitucional es decir en principios contenidos en la Constitución Política del Perú generar la implementación de políticas públicas que permitan garantizar el derecho a la vida, la salud, el medio ambiente en resguardo de los recursos de las futuras generaciones; todo ello constituye realmente la Resolución 48; un camino por seguir y que las futuras generaciones humanas y no humanas, lo apreciarán.