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Juan Francisco Arana – Responsable del Área de Derecho Público
Frente a las diversas realidades de los países, que están siendo impactados por la pandemia mundial; enfermedad por Coronavirus (COVID-19), que fuera informada por primera vez en Wuhan (China), el 31 de diciembre de 2019, donde el avance de la enfermedad ha puesto en alerta y evidencia las deficiencias en los sistemas de salud de los países ante el brote y desarrollo incontenible de esta enfermedad, con visos propios de una pandemia mundial que se resiste a detenerse.Al 7 de mayo de 2020, según la Organización Mundial de Salud (OMS) existe un total de 3’ 842,731 infectados, donde el porcentaje de mortalidad es superior a la gripe estacional llega al 1%, según la OMS.
Se ha propagado la enfermedad a 181 países, en la actualidad la presencia de esta enfermedad es incremental y se encuentra en todos los continentes del Mundo y en América se incrementa de manera geométrica, donde en países limítrofes al Perú, tienen un aumento de estos casos, y en el Perú al 7 de mayo de 2020, existen 58,526 infectados y 1627 fallecidos.
Constituyéndose en el segundo país con más contagios de América Latina y dentro de los veinte (20) países, con más contagios del Mundo.
El gobierno peruano, ha emitido el D.S. N°044-PCM-2020, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID – 19, durante el Estado de Emergencia nacional, se garantiza el abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros establecidos en el presente Decreto Supremo.
Siendo la vida el fin supremo de la sociedad y el Estado, asimismo la salud pública es el bien jurídico protegido por nuestra normatividad penal del Perú, el cual garantiza la salud de todos y cada uno de los miembros de la colectividad, el código penal sanciona las conductas que ponen en peligro este bien jurídico protegido.
La prestación de servicios públicos, como la limpieza, el recojo de los residuos sólidos son servicios públicos esenciales, es por ello que poner en riesgo a la sociedad constituye un ilícito penal, OMISION DE SOCORRO Y EXPOSICION A PELIGRO (Artículo 126 del Código Penal Peruano).
Otro delito contra la salud pública en su modalidad de VIOLACION DE MEDIDAS SANITARIAS, desarrollado en el artículo 292° del Código Penal, señala “- El que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o la propagación de una enfermedad o epidemia o de una epizootía o plaga, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa.”
El gobierno peruano ha expedido el Decreto Legislativo Nº 1458, dispositivo emitido en virtud a la delegación de facultades otorgado por el Congreso Peruano. Además, este Decreto Legislativo precisa que, en primer lugar, quien desacate el mandato de inmovilidad social, recibirá una multa que va entre los S/ 86 soles hasta y S/ 430 soles, dependiendo de la gravedad de la falta, cuyo reglamento, el D.S. Nº DECRETO SUPREMO N° 006-2020-IN. establece registro informático de incumplimiento de las medidas de aislamiento social obligatorio e inmovilización social obligatoria.
Sin embargo, el Perú como otros países donde sus estructuras estatales evidencia debilidad al no contar con un sistema informacional que permita desarrollar intervenciones y toma de decisiones en las autoridades para desarrollar en el ámbito de sus diversas competencias un trabajo conjunto que permita mitigar los impactos generados en el sistema de salud.
El desarrollo de un proceso de cambio, emerge como una oportunidad para concretizar un proceso de cambio, es por ello que se genera la urgencia, desarrollar un equipo Covid-19, el desarrollo de una estrategia, la comunicación con una visión de cambio, que debe ser liderado por la autoridad más importante de un país que es el jefe de estado, para comunicar la visión de ese cambio, más si la sociedad requiere adaptarse al impacto de la pandemia y por ende a la visión de cambio que va a constituir un elemento prioritarios, adicionalmente delegar jerarquía a los actores del proceso de cambio, en dicho proceso de cambio promover y alcanzar los primeros logros, para consolidad éxitos y generar màs cambios y consolidar el cambio a la cultura de la sociedad frente a esta pandemia, es decir incorpora una proceso de cambio siguiendo el modelo de Kotter.
Por ello es importante contar con bases de datos y/o registros de información para efectuar lo que se denomina como BIG DATA, que es un conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), complejidad (variabilidad) y velocidad de crecimiento (velocidad) dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de datos relacionales y estadísticas convencionales o paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para que sean útiles en la toma de decisiones.
Ello va de la mano en liderar cambios en las instituciones y concertar información relevante, por medios tecnológicos y no tecnológicas para construir sistemas de información que permitirán toma de decisiones, desarrollo de acciones, liderado por decisiones sustentadas en información.
Aspecto como el desarrollar de registros y/o censos poblacionales a efectos de determinar, consolidar registro de los enfermos por COVID – 19, aquellos que son portadores del virus, o también llamados asintomáticos, asimismo determinar quienes realmente han fallecido productos de otras enfermedades, los hospitalizados, Contagiados con ello conformar un Registros Personas Afectadas por COVID – 19.
Revisando la realidad peruana, donde existe debilidades en la gestión eficiente del Estado, altos índices de actividades económicas informales, corresponde promover la construcción de registros de información, donde las personas que den cuenta de la identificación de los pacientes del COVID-19, a fin de identificarlos.
Siendo las fuerzas del orden interno y con apoyo de las FF.AA. tienen una labor vital, promoviendo de la intervención de los servicios de inteligencia, con el uso de las TICS, se debe proceder a la ubicación de las personas con COVID – 19 en tiempo real.
Para ello se debe fomentar la bancarización, portabilidad de los celulares y la identificación de las personas, complementándose con tecnologías que permita la identificación como cámaras con reconocimiento facial, incidiendo particularmente en la auto regulación a partir de protocolos implementados de acuerdo a cada actividad y desarrollado por cada unidad de económica, como muy bien se viene desarrollando en el Perú.
Coincidimos que la innovación social es un centro de gravedad de la decisiones, en su artículo propuesto por Iván de la Vega, Carlos E. Seaton[1].
Donde la innovación social es un elemento importante y determinante en comprender los cambios mundiales que van a generar esta pandemia, siendo un escenario único, para proponer, planificar e implementar respuestas sociales de parte de las organizaciones sociales orientadas al cambio social y la participación ciudadana a efectos de proponer soluciones aterrizadas a nuestra realidad social y con apoyo de las políticas públicas del Estado, donde sea la sociedad civil organizada quien proponga con innovación y creatividad soluciones a la problemática social en la organización política, justicia, salud, trabajo, acceso a servicios públicos, descanso, cultura y recreación, en todo ámbito.
Complementada a las decisiones del Estado, que puedan ser replicadas en relación a los avances médicos, científicos de la lucha contra la enfermedad del COVID – 19.
Siendo en el Perú que nuestro Documento Nacional de Identidad (DNI) de las personas consigna el domicilio legal, pero no necesariamente es el real, nuestro sistema de identificación esta masificado, sin embargo, adolece de la consignación real en los domicilios, debido a diversos factores.
Aspectos como la plena identificación de las personas afectadas por el COVID – 19, así como el respeto a la salud pública y el cuidado de cada persona individual en aspectos tan importantes como estar en casa, , las condiciones de aislamiento de los enfermos, innovación tecnológica para recopilar información que permita verificar su domicilio real, programas de asistencia a los enfermos domiciliados, que en aislamiento pudieran ser reubicados, censados y registrados, con protocolos determinados.
Así como las actividades progresivas a desarrollar que se viene realizando con su respectivo protocolo.
Recordemos que a diferencia de otros países el Perú no tiene espacios diseñados arquitectónicamente para implementar el distanciamiento social en el comercio, en los centros comerciales, bancos, si es posible implementarlos, pero en mercados informales, con comercio en la vía pública, calles tomadas por el comercio ambulatorio, por lo cual constituye un desafío.
La Municipalidad de Lima ha desarrollado una experiencia para las personas de la calle en lugares público como el Coliseo de Acho, aspectos que pueden replicarse a localidades urbanos marginales.
Las personas que deben estar circunscritos a su urbanización, con negocios de aperturados en horario apropiado, por lo cual deberán garantizar un desplazamiento ordenado y organizado promoviendo en lo posible no sobrecargar el sistema de transporte, de tal modo que garantice el espacio mínimo para desplazarse de las personas.
Aspectos relacionados como a la higiene laboral y la necesidad de trasladar en el inicio y termino de su jornada laboral, previendo su protocolo de atención del COVID – 19 como el que se ha dado, con colas de 1 en1
La exigencia de una respuesta del Estado en sus diversos niveles de gobierno, en el marco de sus competencias se precise la ubicación de cada centro de abastos y/o mercado para personas en las que puedan acudir de acuerdo a la ubicación de su domicilio, con una distribución espacial del centro de abastos y/o mercado, donde se pueda tomar contacto con los clientes, implementando los servicios de reparto a domicilio con protocolos establecidos para cada actividad.
Utilizar esta inmovilización para establecer los acondicionamientos necesarios de los mercados, para estandarizar la ubicación de servicios comunes, de seguridad, contra incendios, promoviendo que, en los centros de abastos y/o mercados, exista una distribución tipo, con la publicación de la distribución del mercado para un conocimiento de cada uno de los usuarios.
Los habitantes de las zonas de mayor densidad poblacional, que no tengan medios de prodigarse alimentación deberían ser asistidos por el Gobierno para ser provistos de insumos en los comedores populares, interactuando con el voluntariado para la distribución de alimentos, por un principio de solidaridad,
Para zonas de extrema de pobreza, sin recursos, con alta vulnerabilidad, convocarlos, a ambientes grandes, estadios, asistencia social, como Espacios Públicos monumentales, estadios, Parques Zonales, donde no existan mercados formales, coliseos y deban ser reubicados.
Por lo cual se esboza como campos de intervención medidas urgentes.