La Ley N.º 32552 modifica la Ley N.º 31980, Ley de creación de un régimen especial para el Centro Histórico de Lima, a fin de proteger su patrimonio cultural y fomentar su desarrollo integral y sostenible(. Esta reforma normativa representa un paso significativo en el tratamiento jurídico del Centro Histórico de Lima, al incorporar expresamente la integración de la dinámica económica y social, así como la participación de los actores involucrados en su planificación y gestión.
Este artículo presenta un análisis jurídico comparativo entre la Ley 31980 (texto original publicado en enero de 2024) y las modificaciones introducidas por la Ley 32552 (publicada en enero de 2026), con referencias al texto normativo vigente y sus implicancias para la regulación del sector patrimonial y urbano. Los fundamentos se construyen sobre el análisis de disposiciones legales, doctrinas y antecedentes parlamentarios disponibles en los textos oficiales de ambas normas.
La Ley 31980 fue concebida como un marco legal especial para proteger, conservar, restaurar, revitalizar y promover la inversión en el Centro Histórico de Lima, reconociendo su condición de Patrimonio Cultural de la Nación y de sitio inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta finalidad integraba un régimen de planificación, gestión y regulación para salvaguardar su valor cultural y urbanístico.
Por su parte, la Ley 32552 redefine el objeto de la norma para subrayar que el desarrollo del Centro Histórico debe darse “en el contexto de su dinámica económica y social” y con la participación de los distintos actores sociales y económicos. Este cambio no es meramente semántico: incorpora de manera explícita el reconocimiento de la actividad socioeconómica formal como componente integral de la gestión del Centro Histórico, dentro de un marco sostenible de desarrollo urbano y patrimonial.
Comentario: El cambio conceptual marca un giro respecto a la priorización exclusiva de la protección patrimonial, para incorporar la coexistencia de factores culturales, económicos y sociales en la gestión normativa.
En su texto original, la Ley 31980 crea un órgano de planificación, gestión y recuperación del Centro Histórico de Lima, con competencias para emitir opiniones vinculantes sobre planes, prioridades y proyectos vinculados con uso de suelo, actividades económicas, culturales y de inversión, así como las actualizaciones del Plan Maestro del Centro Histórico.
La reforma normativa enfatiza no solo las funciones de planificación y gestión del órgano, sino también su rol en la articulación con los gobiernos locales para intervenir en autorizaciones de licencias de edificación, funcionamiento y proyectos conexos, reforzando su carácter vinculante. Además, se incorpora la exigencia de consulta pública participativa en la formulación y modificación del Plan Maestro del Centro Histórico.
Comparativo Jurídico:
Anterior: enfoque técnico y centralizado; opinión vinculante pero con menor participación.
Actual: ampliación de competencias, reconocimiento de actores locales y articulación institucional, con mecanismos de consulta pública.
El texto original regulaba las intervenciones en espacios públicos y las autorizaciones municipales para obras y servicios básicos, con un enfoque orientado principalmente a la preservación patrimonial y a la ejecución de proyectos públicos y privados en función de este objetivo constitucional y legal.
La reforma introduce un nuevo capítulo que reconoce específicamente las actividades de emprendimiento económico formalizadas y su sostenibilidad, bajo condiciones de respeto a la conservación del patrimonio. Este reconocimiento legal a las actividades comerciales en espacios públicos formalizados (venta de alimentos, textiles, prendas, bienes domésticos, etc.) refuerza la convivencia pacífica y respetuosa entre dinámicas económicas formales y la protección patrimonial.
Implicancia: El cambio evita tensiones normativas entre la conservación patrimonial y el ejercicio legítimo de actividades comerciales que históricamente han caracterizado al Centro Histórico de Lima, reconociendo su aporte a la economía local.
Establecía un régimen tributario especial y mecanismos de financiación de inversiones privadas en la recuperación de bienes inmuebles, incluyendo créditos tributarios de hasta el 30% de la inversión en restauración y la figura del mecenas cultural. Este régimen fue incorporado en los reglamentos posteriores.
La reforma introduce la transferencia automática de 3% del Impuesto General a las Ventas (IGV) generado en el Cercado de Lima y en el distrito del Rímac a favor de sus respectivas municipalidades, con destino exclusivo a proyectos de inversión pública y de mejora urbana identificados en el Plan Maestro. Asimismo, hasta un 20% de dichos recursos se puede destinar a proyectos de vivienda de interés social para promover procesos de destugurización.
Comentario: Este cambio representa una innovación financiera de carácter redistributivo, asegurando recursos estables para la implementación de políticas públicas en el espacio patrimonial. Incluso se amplía el ámbito territorial de asignación al distrito del Rímac —reconocido igualmente por su valor histórico— incorporándolo al circuito de financiamiento.
El análisis comparativo entre el texto original de la Ley 31980 y las modificaciones introducidas por la Ley 32552 permite identificar varios ejes de cambio relevantes:
Integración socioeconómica: La modificación coloca en primer plano la dinámica económica y social del Centro Histórico, superando una visión centrada exclusivamente en la protección patrimonial.
Participación y articulación institucional: Se hace explícito el rol de consulta pública y la participación de gobiernos locales y actores sociales en la formulación y actualización de los instrumentos de gestión.
Sostenibilidad del emprendimiento: La ley reconoce el emprendimiento formalizado como parte integrante de la vida urbana del Centro Histórico, promoviendo su sostenibilidad en armonía con el patrimonio cultural.
Financiamiento estable: La asignación de recursos mediante porcentaje del IGV genera una fuente de financiamiento más predecible para proyectos de conservación, inversión pública y vivienda social.
En suma, la Ley 32552 no solo fortalece el marco jurídico de protección patrimonial, sino que también incorpora un enfoque integrador que articula el patrimonio cultural con la actividad económica y la participación ciudadana, lo cual responde a las demandas sociales y económicas actuales del Centro Histórico de Lima.
Texto de la Ley N.º 32552, Ley que modifica la Ley 31980.(El Peruano)