Estado · Datos · Decisión

De una gestión reactiva a un gobierno basado en datos

El Perú no necesita únicamente más información. Necesita convertir los datos que ya produce en decisiones oportunas, trazables y orientadas a resultados.

Por Steed CarbajalLectura: 8 minutosActualizado al 5 de agosto de 2026

El Perú ha avanzado en estabilidad macroeconómica, transformación digital y modernización administrativa. Sin embargo, una parte importante de la gestión pública todavía actúa de manera fragmentada: interviene cuando la obra ya se paralizó, la ejecución presupuestal se rezagó o el servicio empezó a deteriorarse.

El desafío no consiste solo en disponer de recursos o plataformas. Consiste en integrar información confiable, reglas de gobernanza, capacidad analítica y responsabilidad institucional para decidir antes de que el problema se agrave.

S/ 257 562 millonesPresupuesto del Sector Público para 2026.
0,8070Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico del Perú en 2024.
Puesto 58Ubicación del Perú entre 193 países en la medición de Naciones Unidas.

Estas cifras expresan la escala de la responsabilidad estatal y muestran que existe una base digital relevante. La clasificación de Naciones Unidas no significa que la integración institucional esté concluida; indica que el país cuenta con capacidades sobre las cuales construir una gestión más inteligente.

Una nueva forma de gobernar

Después de más de veinte años liderando organizaciones, proyectos de infraestructura y procesos de transformación empresarial, he comprobado un principio común en toda institución que aprende y mejora:

“Las mejores decisiones son aquellas sustentadas en información confiable, indicadores oportunos y seguimiento permanente”.

En el sector privado, las decisiones estratégicas se apoyan en indicadores financieros, productividad, riesgos, calidad y cumplimiento de objetivos. El Estado administra sistemas aún más complejos y sus decisiones afectan directamente la vida de millones de personas. Por ello, necesita disciplina de gestión y, al mismo tiempo, las garantías propias de lo público: legalidad, transparencia, protección de datos, control y rendición de cuentas.

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Gestión reactiva
Actuación posterior al incidente
  • Problema: el hallazgo o la paralización ya ocurrieron.
  • Denuncia: la alerta ciudadana o de auditoría llega tarde.
  • Informe: predomina la evaluación ex post.
  • Acción: se sanciona o remedia cuando el daño se consumó.
Gestión inteligente
Gobernanza preventiva y predictiva
  • Datos e indicadores: captura continua con controles de calidad.
  • Modelos analíticos: detección de anomalías y tendencias.
  • Alerta temprana: aviso trazable al responsable de decidir.
  • Prevención: intervención oportuna antes de la falla.

La gestión inteligente complementa —no sustituye— el control, la responsabilidad ni la decisión humana.

Mucha información, poca integración

Sería incorrecto afirmar que el Estado peruano carece de información. Cuenta con herramientas como el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Consulta Amigable, Invierte.pe, Infobras, los sistemas de planeamiento de CEPLAN, la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) y portales de datos abiertos, además de numerosos sistemas sectoriales.

El problema es que estas plataformas responden a finalidades, responsables y ciclos de actualización distintos. La interoperabilidad técnica, por sí sola, no produce inteligencia pública. Se requieren definiciones comunes, calidad de datos, responsabilidades claras, trazabilidad, seguridad y capacidad para convertir señales dispersas en decisiones.

Presupuesto e inversionesVincular la ejecución financiera con el avance físico, los hitos contractuales y los riesgos.
Planeamiento y seguimientoConectar objetivos nacionales, metas operativas e indicadores de calidad del servicio.
InteroperabilidadFortalecer la gobernanza, la seguridad, la calidad y la reutilización de la información.

Del control posterior a la gestión preventiva

La Contraloría ya reconoce el valor de cruzar información proveniente de Invierte.pe, Presupuesto Público, contrataciones e Infobras para fortalecer el control preventivo de obras. Esa dirección puede ampliarse a la gestión: no para sustituir la fiscalización posterior, sino para complementarla con señales tempranas.

¿Por qué esperar a que el problema ocurra si hoy es posible identificar el riesgo antes de que se convierta en daño?

La analítica de datos y los modelos de inteligencia artificial pueden identificar desviaciones, anomalías y tendencias. Su uso público, sin embargo, debe ser proporcional al riesgo y estar sujeto a supervisión humana, explicabilidad, seguridad, evaluación de impacto y protección de datos personales.

El problema del Estado no es únicamente tecnológico. Es, sobre todo, un problema de gobernanza.

El Modelo de Estado Inteligente

Propongo abrir la discusión sobre un Modelo de Estado Inteligente (MEI): un marco de gestión que transforme datos en decisiones oportunas para generar valor público mediante evidencia, innovación responsable y orientación al ciudadano.

Su premisa es sencilla: el desarrollo de un país depende, en gran medida, de la calidad de las decisiones que toma su Estado.

Gobernanza basada en datos

Información confiable, definiciones comunes, evidencia y responsabilidades explícitas.

Transformación digital integral

Rediseño de procesos y servicios, no mera digitalización de trámites.

Gestión por resultados

Objetivos claros, indicadores medibles y seguimiento permanente.

Innovación responsable

IA e interoperabilidad con seguridad, transparencia y supervisión humana.

Valor público

Evaluación de las políticas por los resultados que producen para las personas.

Una propuesta para iniciar el cambio

El Perú podría evaluar la creación de un Centro Nacional de Inteligencia Pública (CNIP). Su función no sería concentrar indiscriminadamente bases de datos ni reemplazar las competencias sectoriales, sino integrar una capa ejecutiva de indicadores y alertas sobre presupuesto, avance físico de inversiones, metas, riesgos, servicios prioritarios y desempeño institucional.

Condición institucional. El CNIP debería contar con una base legal clara, conducción intersectorial, acceso por roles, registro de consultas, protección de datos desde el diseño, auditoría de modelos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Una implementación gradual

Definir problemas prioritarios

Seleccionar casos de alto valor público, como obras paralizadas, abastecimiento sanitario o brechas de servicios.

Ordenar la gobernanza

Establecer responsables, catálogos, estándares de calidad, reglas de acceso y salvaguardas.

Construir pilotos interoperables

Integrar pocas fuentes confiables, con indicadores y alertas verificables.

Evaluar resultados

Medir precisión, oportunidad, costos, efectos distributivos y utilidad real para la decisión.

Escalar con control

Ampliar únicamente los componentes que demuestren valor, seguridad y legitimidad.

Referentes, no recetas

Estonia demuestra el valor de una capa segura y descentralizada de intercambio de datos como X-Road. Singapur articula su estrategia Smart Nation con infraestructura digital, datos e inteligencia artificial. El Reino Unido desarrolló estándares de servicios y experiencias de medición de desempeño; su antigua Performance Platform debe citarse como antecedente histórico, pues dejó de operar en 2021.

Estas experiencias no son equivalentes ni pueden trasplantarse automáticamente. Sirven para identificar capacidades institucionales: interoperabilidad, estándares, medición, diseño centrado en usuarios y gobernanza de datos.

El salto pendiente es pasar de acumular datos a gobernar con inteligencia pública.

Durante años hemos debatido cómo modernizar el Estado. Ya no basta con preguntarnos cómo digitalizar la administración pública. Debemos preguntarnos cómo construir un Estado capaz de aprender, anticiparse y decidir mejor.

El futuro del Perú no dependerá únicamente de cuánto invirtamos, sino de la calidad de las decisiones que conviertan esa inversión en bienestar. Gobernar con datos no es una moda tecnológica: es una capacidad institucional que debe construirse con evidencia, derechos, responsabilidad y propósito público.