El auge de las tecnologías digitales ha incrementado el número y sofisticación de los delitos informáticos. Frente a ello, los sistemas de justicia penal requieren adecuar sus mecanismos de investigación y procesamiento de pruebas, especialmente las pruebas electrónicas. Dentro de este marco, la declaración a nivel fiscal cobra vital importancia como acto de recopilación temprana de información en el proceso penal. Asimismo, su eficacia está vinculada a instrumentos internacionales como el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia, que establece directrices para la cooperación internacional en la obtención y preservación de evidencia electrónica.
La declaración fiscal es un acto procesal recogido en el Código Procesal Penal Peruano (Decreto Legislativo N° 957), donde se recaban testimonios o manifestaciones de personas vinculadas a la investigación. Esta declaración adquiere especial relevancia en delitos informáticos donde la rapidez en la obtención de datos es crucial debido a la naturaleza volátil de la evidencia electrónica.
El Convenio de Budapest (2001), promovido por el Consejo de Europa, es el primer tratado internacional que aborda de manera integral los delitos cometidos a través de redes informáticas. Perú, aunque no es miembro del Consejo, ha mostrado su adhesión a principios similares mediante reformas legales y tratados bilaterales/multilaterales.
Entre sus principales disposiciones:
Artículo 16 y 17: Obligación de preservar y recolectar datos de tráfico y contenido.
Artículo 29: Cooperación internacional urgente para la conservación de datos electrónicos.
En delitos como fraude informático, acceso ilícito a sistemas o interferencia de datos, la declaración fiscal permite capturar información testimonial esencial y registrar hechos mientras la memoria de los declarantes está fresca y antes de que se alteren los datos digitales.
Dada la volatilidad de la prueba informática, la celeridad en la obtención de información es una exigencia. Aquí, la declaración fiscal debe complementarse con medidas como la preservación inmediata de datos y la cooperación internacional prevista en el Convenio de Budapest.
Aunque Perú no ha ratificado formalmente el Convenio, varios principios son incorporados por analogía:
Preservación de la evidencia: Artículos 16 y 17 son esenciales para respaldar declaraciones fiscales con evidencia electrónica válida.
Cooperación internacional: El artículo 29 del Convenio facilita el intercambio de información crítica antes que la prueba desaparezca, lo cual es crucial cuando las investigaciones fiscales implican servidores o datos alojados en el extranjero.
La falta de acceso oportuno a esta cooperación puede hacer ineficaz la declaración fiscal si no está sustentada en evidencia técnica adecuada, afectando la calidad probatoria en el juicio.
Admisibilidad probatoria: La declaración debe ser tomada cumpliendo garantías procesales para ser válida en juicio.
Capacitación fiscal: Los fiscales deben estar entrenados en técnicas de ciberinvestigación.
Instrumentación normativa: Perú requiere mecanismos que aseguren colaboración internacional efectiva como plantea el Convenio de Budapest.
La declaración a nivel fiscal en delitos informáticos es una herramienta esencial para la adecuada recolección de información en etapas tempranas de la investigación. Su eficacia, sin embargo, depende en gran medida de la disponibilidad y preservación de evidencia electrónica.
El Convenio de Budapest ofrece un marco robusto para la cooperación internacional en materia de ciberdelincuencia, complementando los esfuerzos locales en la recolección de pruebas electrónicas y fortaleciendo el valor probatorio de las declaraciones fiscales.