La Acción de Cumplimiento Frente a la Aplicación Incorrecta de Normas por Instituciones Públicas

La acción de cumplimiento es una herramienta jurídica fundamental en el derecho constitucional peruano, diseñada para proteger el principio de legalidad y garantizar que las autoridades actúen conforme a la ley. A través de esta acción, los ciudadanos pueden solicitar el cumplimiento efectivo de una norma o acto administrativo que haya sido indebidamente aplicado o ignorado por una institución pública. La acción de cumplimiento no solo resguarda los derechos de los ciudadanos, sino que también fortalece el Estado de derecho y la confianza en el sistema legal.

A continuación, se abordará la naturaleza de esta acción y los requisitos para su procedencia, así como la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional del Perú y algunos precedentes de la Corte Suprema de Justicia, que han perfilado el rol de la acción de cumplimiento como mecanismo de control sobre la actuación de las instituciones públicas.

1. Naturaleza y Finalidad de la Acción de Cumplimiento

La acción de cumplimiento, establecida en el artículo 200 inciso 6 de la Constitución Política del Perú y desarrollada en la Ley N.º 26364, es un proceso constitucional de naturaleza expedita y sumaria que permite exigir a las autoridades que cumplan con una norma legal o acto administrativo vigente. Su finalidad es obligar a la administración pública a actuar dentro de los límites de la legalidad, evitando la inobservancia de normas que afectan derechos de los ciudadanos.

Esta herramienta legal es particularmente importante cuando se enfrenta la aplicación incorrecta de normas por parte de instituciones públicas, dado que permite corregir la interpretación o ejecución de una norma que haya sido mal aplicada o indebidamente ignorada. En ese sentido, la acción de cumplimiento protege tanto la eficacia normativa como los derechos de los administrados frente a actuaciones ilegales o arbitrarias de las autoridades.

2. Requisitos de Procedencia de la Acción de Cumplimiento

Para la procedencia de la acción de cumplimiento, la Ley N.º 26364 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han establecido ciertos requisitos:

– Existencia de una norma o acto administrativo de carácter imperativo y vigente que debe cumplirse. No puede tratarse de disposiciones derogadas, anuladas o sin fuerza legal.

– Inactividad o negativa por parte de la autoridad de ejecutar la norma o acto administrativo, lo que puede manifestarse en una inobservancia o una aplicación indebida que afecte derechos o la legalidad.

– Requerimiento previo a la autoridad competente, solicitándole el cumplimiento de la norma o acto administrativo. Si la autoridad ignora o deniega el pedido, el afectado puede interponer la acción de cumplimiento.

3. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la Acción de Cumplimiento

El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido diversas sentencias que delinean y fortalecen el uso de la acción de cumplimiento en situaciones donde existe una aplicación incorrecta o interpretación arbitraria de una norma. A continuación, se detallan algunos precedentes relevantes:

– Sentencia Exp. N.º 04769-2008-PC/TC: En esta decisión, el TC reitera que la acción de cumplimiento tiene como objeto la exigencia del cumplimiento efectivo de una norma imperativa. En particular, señala que la acción de cumplimiento no es una vía para interpretar o cuestionar el contenido de las normas, sino para exigir su aplicación exacta en casos donde el incumplimiento sea evidente y perjudicial para los derechos del ciudadano.

– Sentencia Exp. N.º 00450-2004-AA/TC: Este fallo establece que la acción de cumplimiento procede también cuando la norma ha sido aplicada incorrectamente por la autoridad administrativa, siempre que dicha aplicación incorrecta infrinja derechos de los administrados. El TC sostuvo que las interpretaciones que desnaturalicen una norma o acto administrativo, en perjuicio del administrado, pueden ser objeto de la acción de cumplimiento, en tanto constituyen un incumplimiento de la legalidad.

– Sentencia Exp. N.º 04323-2005-PA/TC: En este caso, el Tribunal Constitucional señala que la administración pública tiene la obligación de actuar conforme a la normativa vigente, y que la acción de cumplimiento es procedente cuando la omisión o incorrecta aplicación de una norma compromete derechos fundamentales. El TC afirma que la autoridad no puede dar interpretaciones arbitrarias o contrarias al sentido de la norma, y que en casos de inactividad, la acción de cumplimiento es un medio eficaz para restablecer el orden jurídico.

4. Precedentes Judiciales de la Corte Suprema sobre la Acción de Cumplimiento

En la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia también encontramos precedentes que refuerzan la acción de cumplimiento como mecanismo de control de la legalidad frente a la incorrecta aplicación de normas:

– Casación N.º 939-2013-LIMA: En esta casación, la Corte Suprema precisó que la acción de cumplimiento es procedente cuando la autoridad, a pesar de haber sido requerida formalmente, se niega a aplicar correctamente una norma que otorga derechos a los administrados. La Corte subrayó que la acción de cumplimiento no tiene por finalidad cuestionar la validez de la norma, sino asegurar su aplicación efectiva en beneficio del ciudadano.

– Casación N.º 3362-2017-CALLAO: Este precedente establece que la inobservancia de un acto administrativo claro y obligatorio, por parte de una entidad pública, puede ser corregida mediante la acción de cumplimiento. La Corte determinó que cuando una autoridad distorsiona o interpreta de forma arbitraria un acto administrativo, los afectados pueden hacer uso de la acción de cumplimiento para exigir que el acto se cumpla conforme a su sentido original.

5. Limitaciones y Desafíos de la Acción de Cumplimiento

Pese a su importancia, la acción de cumplimiento enfrenta ciertas limitaciones. Uno de los desafíos más destacados es la dificultad para demostrar que la autoridad ha incumplido o mal aplicado una norma de manera evidente. Dado que la acción de cumplimiento no es una vía para discutir interpretaciones legales complejas, se limita a casos de inobservancia o mala aplicación clara de la norma. En este sentido, resulta crucial que los afectados presenten pruebas sólidas y precisas para fundamentar su solicitud.

Otra limitación es que la acción de cumplimiento no puede ser utilizada para solicitar la creación de normas, ni para cuestionar el contenido de las mismas. Este aspecto se traduce en que no todas las situaciones de incorrecta aplicación pueden ser abordadas mediante esta vía, quedando la revisión de interpretación de normas más complejas en el ámbito de las acciones de amparo o los procesos contencioso-administrativos.

6. Conclusiones y Recomendaciones

La acción de cumplimiento es una herramienta constitucional esencial para enfrentar la inactividad o aplicación incorrecta de normas por parte de las instituciones públicas. A través de este mecanismo, los ciudadanos pueden exigir que las autoridades actúen conforme a la ley, asegurando el respeto de sus derechos y la eficacia de la normativa vigente.

Para un uso efectivo de la acción de cumplimiento, se recomienda que los ciudadanos o entidades:

1. Documenten adecuadamente la inobservancia de la norma por parte de la institución pública y realicen el requerimiento previo por escrito.

2. Conozcan los límites de la acción de cumplimiento, en especial el hecho de que esta herramienta no permite cuestionar la validez de las normas, sino exigir su aplicación.

3. Consoliden pruebas sólidas que demuestren la inactividad o incorrecta aplicación de la norma, en tanto la claridad de los hechos será clave para la procedencia de la acción de cumplimiento.

En definitiva, la acción de cumplimiento juega un rol fundamental en el fortalecimiento del Estado de derecho, permitiendo a los ciudadanos actuar como garantes de la legalidad frente a las decisiones de las instituciones pública