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En el contexto actual de globalización y expansión de los mercados, las empresas están cada vez más expuestas a un mayor escrutinio y regulaciones. Uno de los riesgos que enfrentan las organizaciones es la posibilidad de que, en el desarrollo de sus actividades, sus directivos, empleados o terceros vinculados cometan delitos que las comprometan penalmente. Esto ha llevado a la implementación de programas de compliance penal como una herramienta crucial para gestionar estos riesgos.
En Perú, la legislación en materia de compliance penal ha evolucionado para imponer responsabilidades y fomentar prácticas preventivas en las organizaciones. Este artículo explora cómo el compliance penal en Perú puede ayudar a evitar contingencias legales, los aspectos fundamentales de su normativa y las mejores prácticas para implementarlo eficazmente.
El compliance penal es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas establecidos por las organizaciones para identificar y prevenir riesgos de comisión de delitos en sus operaciones. En otras palabras, se trata de un sistema de prevención y gestión de riesgos penales que busca evitar la comisión de infracciones legales y reducir las sanciones para la empresa en caso de incumplimientos.
Este sistema incluye políticas, controles y capacitaciones orientadas a garantizar que la conducta de la empresa, sus directivos, empleados y terceros se ajuste a la ley. La finalidad última del compliance penal es minimizar el riesgo de sanciones penales para la entidad y sus representantes.
La Ley N.º 30424, también conocida como la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, introducida en 2016 y modificada posteriormente en 2018, establece que las empresas pueden ser penalmente responsables de ciertos delitos cometidos en su beneficio por directivos, empleados o terceros vinculados. Esta normativa se enfoca en la prevención de delitos tales como el cohecho, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la colusión, entre otros.
Para reducir su responsabilidad, las empresas deben implementar modelos de prevención que cumplan con los requisitos legales. Estos modelos deben demostrar que la entidad tomó todas las medidas necesarias para prevenir la comisión de delitos en su organización. A partir de la reforma de 2018, la ley peruana reconoce expresamente la eficacia de estos programas, permitiendo que una empresa evite sanciones si cuenta con un sistema de prevención adecuado y debidamente implementado.
La normativa peruana exige que los programas de prevención incluyan, como mínimo, los siguientes elementos:
– Identificación de riesgos: La empresa debe evaluar su estructura y sus operaciones para identificar las actividades susceptibles de riesgo penal. Es esencial que el análisis de riesgos sea riguroso y específico a las características y sector de la organización.
– Designación de un oficial de cumplimiento: La ley exige la designación de una persona o unidad responsable de supervisar la implementación y cumplimiento del programa. Este oficial debe tener la autoridad y recursos suficientes para cumplir su rol de manera efectiva.
– Elaboración de políticas y procedimientos: La empresa debe contar con políticas y procedimientos claros y documentados que orienten a los empleados sobre cómo actuar frente a situaciones de riesgo. Esto incluye códigos de ética, políticas de regalos y entretenimiento, procedimientos para la contratación de terceros, entre otros.
– Capacitación y comunicación: La normativa exige que todos los miembros de la organización, incluyendo los altos mandos, reciban capacitación sobre los riesgos de compliance penal y las políticas de prevención de la empresa.
– Monitoreo y actualización del sistema: Es fundamental que el programa de prevención sea revisado y actualizado periódicamente para adaptarse a cambios en la normativa y en las operaciones de la empresa.
– Canales de denuncia: Contar con un canal de denuncia accesible y seguro es una práctica esencial para detectar infracciones. Este canal debe garantizar la confidencialidad y protección de los denunciantes.
Un programa de compliance penal efectivo permite a la organización prevenir contingencias legales de varias maneras:
Aunque el compliance penal ofrece múltiples beneficios, su implementación en Perú presenta ciertos retos. Uno de ellos es el compromiso de la alta dirección, que es esencial para el éxito del programa. Sin el apoyo y el liderazgo de los directivos, es probable que las políticas de compliance no se implementen de forma efectiva.
Otro desafío es la resistencia al cambio dentro de la organización, ya que algunos empleados pueden percibir los controles de compliance como restricciones. Para contrarrestar esta resistencia, es fundamental que la empresa comunique los beneficios del compliance penal de manera clara y demuestre su valor como un pilar para la sostenibilidad a largo plazo.
El compliance penal es una herramienta indispensable para evitar contingencias legales en las actividades empresariales. En Perú, la implementación de programas de compliance penal no solo es una práctica recomendada, sino que también es un requisito legal para las empresas que desean eximir o mitigar su responsabilidad penal en caso de que se cometa un delito en su beneficio.
Para que un programa de compliance penal sea efectivo, la empresa debe comprometerse a desarrollar un modelo de prevención robusto y adaptado a sus necesidades específicas, cumplir con la normativa vigente y fomentar una cultura ética en todos los niveles de su organización. De esta manera, no solo se reducen los riesgos legales, sino que se fortalece la reputación y la confianza en la organización, garantizando su sostenibilidad y crecimiento en un entorno cada vez más exigente.
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