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El sistema financiero es un pilar fundamental para el desarrollo económico de un país, ya que permite la intermediación eficiente de recursos entre ahorradores e inversionistas. En el Perú, este sistema está sujeto a una rigurosa regulación con el objetivo de garantizar su estabilidad, prevenir crisis financieras y proteger los intereses de los depositantes. El presente artículo analiza los principales aspectos regulatorios del sistema financiero peruano, con énfasis en las disposiciones legales aplicables, el rol de las entidades supervisoras y los principios internacionales que rigen la regulación bancaria.
La regulación del sistema financiero en el Perú se basa en principios fundamentales como la estabilidad, la solvencia y la transparencia. La normativa aplicable tiene como principal fuente la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley N° 26702). Esta legislación establece los requisitos de funcionamiento de las entidades financieras, sus límites operativos y las normas de supervisión.
Asimismo, la regulación financiera en el país se alinea con estándares internacionales, particularmente con los Acuerdos de Basilea, que buscan fortalecer la capacidad de los bancos para absorber pérdidas y minimizar riesgos sistémicos. En este contexto, el Decreto Legislativo N° 1531-2022 y el Decreto de Urgencia N° 037-2021 han introducido modificaciones clave en los requerimientos de capital y en los mecanismos de intervención de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Las entidades encargadas de la regulación y supervisión del sistema financiero peruano son:
El patrimonio efectivo (PE) es un indicador clave en la regulación bancaria, ya que determina la capacidad de las entidades financieras para absorber pérdidas y garantizar la solvencia del sistema. Según el artículo 199 de la Ley de Banca, el TAPR (Total de Activos Ponderados por Riesgo) debe ser de al menos el 10% del patrimonio efectivo. Sin embargo, el Decreto de Urgencia N° 037-2021 redujo temporalmente este porcentaje al 8% con el objetivo de fortalecer la liquidez de las entidades financieras durante la crisis económica.
Además, el capital regulatorio se divide en dos niveles:
La normativa vigente establece que el Tier 2 no puede exceder el 50% del Tier 1, asegurando que la mayor parte del capital regulatorio sea de alta calidad.
Las reformas regulatorias recientes han incorporado medidas para el fortalecimiento del sistema financiero, como la suscripción de acciones preferentes en cajas de ahorro y la compra de bonos subordinados en entidades microfinancieras. Estas medidas buscan mejorar la capacidad de absorción de pérdidas y prevenir la insolvencia de entidades pequeñas.
En línea con los principios de Basilea III, la regulación peruana ha reforzado la supervisión prudencial. La SBS ha establecido mecanismos para evaluar la suficiencia de capital de las entidades bancarias y ha adoptado una política de intervención temprana para evitar que las instituciones caigan en crisis de solvencia.
El sistema financiero peruano también contempla estrictas reglas de provisión de crédito, que establecen reservas obligatorias en función del riesgo de incumplimiento del deudor. Según la normativa vigente, las provisiones se calculan en función de la probabilidad de incumplimiento, el monto de la deuda y el porcentaje de pérdida real.
Las categorías de riesgo crediticio se clasifican de la siguiente manera:
Para créditos hipotecarios, los porcentajes de provisión son menores debido a la presencia de garantías reales.
Las garantías preferidas juegan un papel crucial en la mitigación del riesgo crediticio. Entre las más relevantes se encuentran:
Asimismo, se diferencian las operaciones refinanciadas (cuando se modifican los plazos o montos de un crédito debido a dificultades del deudor) de las reestructuradas (cuando el crédito es objeto de un proceso de reestructuración financiera o concurso preventivo).
El sistema financiero peruano está sujeto a un marco normativo robusto que busca garantizar la estabilidad y solvencia de las entidades financieras. La regulación bancaria, en concordancia con los principios de Basilea III, ha fortalecido los requisitos de capital y los mecanismos de supervisión para mitigar riesgos sistémicos. La SBS y el BCRP juegan un papel clave en la supervisión del sector, asegurando que las entidades financieras operen con estándares prudenciales adecuados. No obstante, es fundamental continuar con la modernización del marco regulatorio para enfrentar los desafíos de la digitalización y la globalización financiera.
Este artículo proporciona un marco de referencia para comprender la regulación del sistema financiero peruano y su evolución en un contexto de adaptación a estándares internacionales.