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La tortura y las detenciones arbitrarias constituyen violaciones graves a los derechos humanos, pues atentan contra la dignidad, la integridad y la libertad de las personas. En el Perú, estos actos son proscritos por la Constitución Política y diversos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. A pesar de ello, persisten denuncias sobre su práctica, en muchos casos con la pasividad de las autoridades encargadas de investigar y sancionar a los responsables.
Frente a esta problemática, es fundamental conocer qué acciones puede tomar una persona afectada para exigir justicia, protección y reparación ante estos delitos.
La prohibición de la tortura y las detenciones arbitrarias se encuentra establecida en:
Si una persona ha sido víctima de tortura o detención arbitraria, tiene varias vías de acción para buscar justicia y reparación:
La víctima o sus familiares pueden presentar una denuncia penal ante:
Si una persona es detenida ilegalmente, se puede interponer una acción de habeas corpus ante el Poder Judicial para solicitar su inmediata liberación y sancionar a los responsables.
Dado que estos delitos suelen estar vinculados a abusos de poder, la víctima puede solicitar:
Si el Estado no investiga adecuadamente, la víctima puede acudir a:
La víctima tiene derecho a una compensación por los daños sufridos, que pueden incluir:
La tortura y las detenciones arbitrarias no solo constituyen violaciones de derechos humanos, sino que comprometen la responsabilidad del Estado ante instancias internacionales. Ante estos hechos, es crucial que las víctimas actúen con rapidez, presenten denuncias y busquen apoyo legal para asegurar que los responsables sean sancionados y se garantice su reparación integral.
El acceso a la justicia y la firmeza en la denuncia de estos abusos son esenciales para prevenir su repetición y reforzar el respeto por los derechos fundamentales en el Perú.